El Gobierno de Venezuela saludó este martes la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de solicitar a Cabo Verde frenar la extradición a EE.UU. del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido hace casi un año.

"Venezuela saluda la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde solicita a la República de Cabo Verde adoptar un conjunto de medidas que garanticen los derechos humanos del embajador Alex Saab (...) incluida la suspensión inmediata de su extradición a los Estados Unidos de América", dijo la Cancillería en un comunicado.

En el texto, el Ministerio de Exteriores señaló que la decisión del comité de la ONU "confirma las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjurio" de Saab, así como los "riesgos de daños irreparables a su vida e integridad física".

"Venezuela reitera su llamado a la República de Cabo Verde a poner fin de manera inmediata a la ilegal detención del embajador Saab y respetar su inmunidad e inviolabilidad, al tiempo que ratifica su invitación a entablar un diálogo constructivo en torno a este asunto, sobre la base del pleno respeto a los derechos humanos y el derecho internacional", agregó.

El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio del año pasado cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.

Tras su detención, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.

El nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.

Según un funcionario del Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares".

EFE